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Carlos Alsina reflexiona en su monólogo sobre la decisión del Supremo de no investigarle y sobre la opinión de la Comisión Europea sobre la ley de amnistía.

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A veces, el gobierno acierta. A veces, sólo en ocasiones, los ministros no tienen que arrepentirse de lo que han dicho. Hace tres semanas dijo el ministro Bolaños que confiaba en la justicia y en que sería justo el Tribunal Supremo. El juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, había pedido al alto tribunal imputar, o investigar, al ministro de Justicia por malversación y falso testimonio.

El ministro es aforado. De no serlo, Peinado lo habría podido imputar sin trasladar petición a nadie y, sin duda, lo habría hecho. El escrito en que argumentó su petición al Supremo no encontró, en realidad, nadie que lo defendiera.

Aparte de la pésima sintaxis, del error de dar a Begoña Gómez por muerta o del empeño en llamar al testigo investigado, aparte de atribuir a éste respuestas que nunca dio a preguntas que nunca se le hicieron, aparte del amontonamiento de conjeturas y la evidente animadversión al ministro, lo esencial es que el juez no aportaba elementos que permitieran sospechar que Bolaños, que ni tenía a su cargo a la asistente de Begoña Gómez ni había intervenido en su nombramiento, hubiera incurrido en acción delictiva alguna.

Calculó Bolaños, y calculó bien, que no le llevaría al Supremo mucho tiempo deliberar sobre el intento del juez Peinado de empitonarle porque el escrito que elevó para justificarlo era desecho de tienta. Se lo dijo a Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso hace veinte días.

El escrito del juez Peinado carece de un indicio de que el aludido haya podido delinquir
Así ha sido. El Supremo manda a la papelera el escrito del juez Peinado porque carece de lo mínimo necesario para iniciar una investigación judicial: un indicio de que el aludido haya podido delinquir. Se confirma que al juez se le calentó la mano y se pegó un tiro en el pie. Otro tiro. Son ya unas cuantas las veces que instancias judiciales superiores le reconvienen o para que centre la investigación y para que no impute alegremente y basándose en interpretaciones torcidas de lo que los testigos han declarado.

También han avalado la Audiencia Provincial otros aspectos de su investigación, ciertamente. Ha habido de todo. Pero ha calado la impresión de que la instrucción del caso Begoña discurre a trompicones, de forma errática y con demasiados errores de juicio de quien está llamado a decidir si la actuación de la esposa del presidente, su asistente y algunos empresarios es merecedora, precisamente, de ser sometida a juicio.

Una de cal, otra de arena. Alegrías y disgustos en la casa de los líos que es el gobierno.

A la Comisión Europea no le convenció la propaganda gubernativa respecto de la ley de amnistía. Propaganda sobrevenida. El Tribunal de Justicia Europeo tiene sobre la mesa una consulta que le planteó el Tribunal de Cuentas de España. En esencia, si la ley de amnistía es conforme a la legislación europea, delitos de corrupción incluidos.

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