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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley que, además de poner límite a la privatización de la gestión de los hospitales públicos, pretende reforzar el control del gasto de los centros públicos que están gestionados por compañías privadas.

El nuevo texto establece un marco más restrictivo para la externalización de servicios sanitarios y busca garantizar una mayor supervisión económica y asistencial en aquellos hospitales cuya gestión esté en manos de compañías privadas. El objetivo, según el Gobierno, es reforzar el carácter público del sistema sanitario y asegurar un uso más eficiente de los recursos.

La Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud limitará la colaboración público-privada, con el fin de "poner coto al ánimo de lucro". Este texto derogará la ley de 1997 que aprobó el Gobierno de José María Aznar y que permitió el desarrollo de modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.

Con la nueva normativa, la colaboración público-privada pasará a tener un carácter estrictamente excepcional. Solo se autorizará en aquellos casos en los que no sea posible la prestación directa por parte del sistema público, siempre que se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia del servicio, y se cumplan estándares muy estrictos.

Además, la ley introduce un procedimiento de evaluación previo y obligatorio para que las comunidades autónomas puedan recurrir a conciertos con entidades privadas. Las autonomías deberán elaborar un informe que justifique la necesidad de esa colaboración, que será analizado por un comité independiente. En este proceso, la norma establece como criterio preferente la concertación con entidades sin ánimo de lucro frente a empresas con fines exclusivamente comerciales.

La ministra de Sanidad ha calificado este martes la aprobación del anteproyecto de ley como "un triunfo de la sociedad civil", ya que responde "a las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años", que pasan por "proteger y blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras".

Las patronales de la sanidad privada creen que la ley provocará un colapso del sistema público.Y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusa al Gobierno de querer acabar con la sanidad en la comunidad.

Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley se remitirá para su tramitación como proyecto de ley, iniciando los informes preceptivos. Tras su aprobación definitiva por el Gobierno, se enviará al Congreso de los Diputados, donde se abrirá el plazo de enmiendas y debe ser aprobado.

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