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Carlos Alsina reflexiona en su monólogo sobre el procesamiento del fiscal general por revelación de secretos y sobre la defensa del Gobierno, aunque a efectos procesales, lo que opine el Ejecutivo, no importa.

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Vamos de hito en hito. Nunca un ex ministro y ex secretario de organización del PSOE había estado en puertas de ser procesado por corrupción ---lo más parecido fue José Blanco, hoy lobista, en el caso Campeón y el Supremo lo archivó por falta de sustancia---. Nunca el hermano de un presidente había sido procesado por tráfico de influencias ---lo más cercano fue Juan Guerra, que era hermano de vicepresidente y terminó absuelto de corrupción en siete juicios, no pierda la esperanza Sánchez el músico de que a él le suceda lo mismo---. Nunca la esposa de un presidente había estado imputada, o investigada, por sus relaciones con empresas privadas, tráfico de influencias y apropiación indebida ---algún día terminará su investigación el juez Peinado, o no---. Y nunca un fiscal general del Estado había sido procesado por el Tribunal Supremo como presunto autor de un delito. Y esto último es lo que, desde ayer, tiene ya la seguridad el afectado ---y quienes le jalean, y quienes quieren verle morder el polvo, que de todo hay--- de que va a suceder. Ayer preguntábamos a esta hora si sería esta semana cuando García Ortiz fuera procesado y… casi. ‘Al borde del banquillo’ es la expresión que más se repite hoy en las crónicas.

Para el gobierno de la realidad alternativa, todo es fruto de una conjura de jueces prevaricadores conchabados con el PP para asediar a Sánchez. Para el PP, abonado a presumir la culpabilidad de cualquiera que huela a Sánchez, estamos ante la prueba del nueve de hasta qué punto el sanchismo es una mafia y Sánchez su sumo sacerdote. Perdón, su capo, que es una forma de llamarle criminal aunque no haya no ya sentencia condenatoria alguna, sino causa judicial alguna en la que el presidente esté acusado hoy de algo. Lo más parecido a una acusación directa es lo que escribió en su auto la juez Biedma, del caso del hermano: ‘El puesto fue creado a petición, seguramente, de persona o personas de su entorno’. Es la parte más débil de la exposición de la jueza, porque decir ‘seguramente’ equivale a decir que no ha encontrado prueba fehaciente de ello, es decir, conjetura.

Le ocurre lo mismo al auto del juez Hurtado de ayer. Su parte más floja es la que atribuye a la Presidencia del Gobierno haber dado instrucciones al fiscal general del Estado para desmentir que hubiera sido la fiscalía quien ofreciera a González Amador un pacto cuando fue al revés. ‘A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia de Gobierno’, escribe el juez, sin alcanzar a concretar quién de Presidencia habló con García Ortiz y en qué términos. Si el fiscal general un hubiera borrados todas sus comunicaciones de ese día quizá habría podido concretarse. Pero a falta de ese material, esta conclusión del juez queda un poco en el aire. Bien es verdad que es el gobierno quien más ha contribuido a hacer creíble la tesis de su participación en los hechos al haber salido desde el primer minuto en tromba a defender al fiscal general como si la filtración interesada concerniera al Ejecutivo y, más en concreto, al núcleo duro del presidente, esto que ahora, según El Confidencial, sus propios integrantes han bautizado como el búnker.

Responde el juez a todos los peros que le han ido poniendo la abogacía y la fiscalía, en perfecta sincronía, y da sus razones para no cambiar de criterio pese a que haya habido periodistas testigos que han declarado que ellos tuvieron el correo de marras antes que García Ortiz. En cualquier otra investigación judicial, la fiscal encargada del caso, existiendo un informe de la policía judicial que señala al investigado y sabiendo que éste ha borrado todas sus comunicaciones de guasap y de mail, habría tenido el mismo criterio que el juez: que hay razones para ir a juicio. El hecho diferencial de este caso no es ni el informe de la policía judicial, ni las declaraciones de los testigos, ni el borrado de posibles pruebas. El hecho diferencial es el cargo que desempeña el imputado.

El relato gubernamental, trucado, según el cual los ciudadanos hemos de elegir con quién vamos, si con un defraudador y con el fiscal que persigue el fraude, hace tiempo que se gastó de tanto usarlo. Ni el defraudador ha sido todavía condenado ni al fiscal se le va a juzgar por persguir un delito, sino por cometerlo. Recuérdese que no era García Ortiz quien perseguía el fraude de Amador, eso le correspondía a Julián Salto, el fiscal que estaba en el fútbol.

La anomalía es notable. Es un hito, sí, de nuestra vida pública. Un hito francamente negativo.

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