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Xavier Daura, responsable de Innovación en Abertis Autopistas,
Josefina de la Fuente, CEO y fundadora de la empresa Opus RSE, y Jose Jiménez, director de Producto, Alianzas y Financiación Pública de MasOrange, nos explican las claves para adaptar el tráfico rodado a las nuevas directrices europeas en materia de sostenibilidad y flujo de tráfico.

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El 24 de abril de 2025 la Comisión Europea aprobó la propuesta del nuevo paquete regulatorio “Roadworthiness Package”. Esta revisión actualiza dos directivas: la relativa a las inspecciones en carretera de los vehículos y la de las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor. El objetivo de esta nueva actualización regulatoria reside en reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia del sistema viario a través de la tecnología “Remote Sensing”.

En este contexto, el proyecto CRETA (Control de la Movilidad y Reducción de las emisiones de Tráfico) ya ha empezado a operar programas piloto en España para allanar el terreno a la norma europea que obligará a medir al menos el 30% de la flota circulante cada año, a partir de 2026. El proyecto CRETA es posible gracias a la participación de un consorcio de empresas formado por MasOrange, Abertis, Cellnex, Indra, Opus RSE, Vinces y Alpha Syltec Ingeniería. Además, cuenta con una subvención de 2,7 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE.

Objetivo: reducir las emisiones y mejorar el medio ambiente

El proyecto CRETA hace posible una gestión activa de la movilidad a partir de las emisiones reales de los vehículos. En este contexto, Abertis Autopistas ha desarrollado un conjunto de algoritmos que permite modular las tarifas de uso de infraestructuras en función del flujo de tráfico y de las emisiones contaminantes reales.

En este sentido, el responsable de Innovación en Abertis, Xavier Daura, explica que “somos capaces de tarificar no solamente por la clasificación de vehículos, sino por la demanda” y añade que, en situaciones de alta contaminación, “somos capaces de enviar recomendaciones de velocidad a los vehículos para que minimicen su velocidad y, al mismo tiempo, reduzcan la huella de carbono”.

Gracias a proyectos como CRETA se podrán implementar políticas públicas de movilidad sostenible que se irán adaptando en función de cada situación. Un ejemplo sería la gestión inteligente de la semaforización y de la velocidad de los vehículos en función de la congestión en la vía. El compromiso con el medio ambiente es tal que, a través de datos reales, se podrá bonificar a empresas y vehículos que contaminen poco, así como penalizar a aquellos que lo hagan más.

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