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Madrugada del pasado 8 de diciembre. A la puerta de una hamburguesería de Ceuta dos hombres charlan antes de entrar a comer algo. Uno de ellos es Ahmed M., presunto cabecilla de una de las organizaciones de narcotraficantes que supuestamente se encargaba de introducir en la Península grandes cantidades de hachís que llegaban a la ciudad autónoma desde Marruecos a través de un túnel descubierto dos meses más tarde, en febrero. El implicado habla con su interlocutor de la “estructura de seguridad” que permite a su trama superar los controles policiales en el puerto para embarcar los camiones que ocultan los alijos en dobles fondos.

Esa “estructura” está formada presuntamente por tres guardias civiles destinados en Compañía Fiscal y de Fronteras del instituto armado que controla las idas y venidas de vehículos y personas en el puerto. Según sus conversaciones, estos agentes les piden 150.000 euros ―aunque luego rebajarán sus pretensiones económicas a 120.000― por garantizar que un semirremolque con el cargamento de droga supere los filtros. El precio parece alto, pero Ahmed lo justifica: “Son caimanes antiguos [agentes veteranos en la jerga], los que llevan 15 años, 20 años aquí…yo no muevo un alfiler y ya te ponen condiciones ¿eh? Hay confianza”.

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