Alsina habla del "déficit de credibilidad" del gobierno de Pedro Sánchez por los mensajes filtrados

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Carlos Alsina reflexiona en su monólogo sobre los mensajes filtrados de Pedro Sánchez y Ábalos, además de la nueva reforma del estatuto fiscal.

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La historia de hoy podría titularse ‘Déficit de crediblidad’. O cómo un gobierno puede estar cargado de razones para hacer y decir lo que hace pero su pasado reciente, su ejecutoria, debilita grandemente esas razones y pone en cuestión su sinceridad.

El gobierno corrigió ayer el tiro, comunicativo, tras la jornada del lunes en que ministros y dirigentes socialistas echaron el día diciendo una cosa y su contraria sobre los guasaps que Ábalos guardaba por si algún día escribía sus memorias y una pequeña selección de los cuales han llegado a las páginas de El Mundo estos últimos días. Si el lunes decían es muy grave, es delito pero no lo vamos a denunciar, es muy grave, es delito, pero el grupo de mis primos es más interesante —aportación imborrable de la portavoz jocosa del PSOE, señora Peña— ayer ya era otra cosa.

Pues perfecto. Si el gobierno da por hecho que se ha cometido un delito, qué menos que denunciarlo. Si acaso, quien debería denunciar es quien se ve perjudicado en su privacidad, que no es el Consejo de Ministros sino una persona singular llamada Pedro Sánchez. La privacidad vulnerada no es la del gobierno, sino la de Sánchez. Bueno, y la de Ábalos, que también llama la atención que en ninguna declaración oficial se haya dolido nadie por la privacidad violada del ministro que se ocupaba de todos los encargos de Sánchez mientras Koldo se ocupaba de los suyos.

Cuando reclama una investigación judicial de oficio está alimentando el gobierno la idea de que estos guasaps proceden del material que custodia la UCO, pero es una pura presunción. Si fuera Ábalos, o fuera Koldo siguiendo instrucciones de Ábalos, quien lo estuviera filtrando poca investigación le correspondería al juez Puente porque estos mensajes no guardan relación con la investigación por corrupción a quien fue capataz, consejero, confidente y amigo del presidente del gobierno —mientras, supuestamente, se corrompía—.

‘Nuestro tronco’, como le describía María Jesús Montero sin segundas intenciones. El gobierno, en realidad, en esto tiene poco papel, pero ya quedó claro hace un año, cuando la espantada fake, que ministros y dirigentes del PSOE son conscientes de que el híperlíder está pendiente de quién se implica hasta las orejas en cerrar filas y quién se queda a medio gas. Ya prefieren todos pecar por exceso que por defecto, no vaya a pasarles factura política la prudencia.

Naturalmente, resultaría más creíble la indignación de los ministros y asimilados por la vulneración de la privacidad guasapera si pudieran exhibir galones. Es decir, si ante filtraciones de otros tiempos que afectaban al PP hubieran reaccionado con idéntico escándalo, y no parece. González Amador debe de sentirse conmovido por este celo ministerial por el secreto de las comunicaciones. Se ha mencionado estos días el ‘Luis, sé fuerte’ de Rajoy a Bárcenas, cuyo interés informativo estaba fuera de duda porque revelaba el doble juego de quien en público exaltaba la independencia de la fiscalía y en privado le decía al tesorero ‘hacemos lo que podemos’.

Claro que las circunstancias nada tenían que ver y que lo de Rajoy era asunto grave, pero esto de ahora revela también ese doble juego de quien en público ensalza el debate y la pluralidad del partido y en privado ordena marcar a los discrepantes.

Y éste es el problema de crédito al que se enfrenta el gobierno y su reforma. El recelo al contemplar cómo hace un canto a la independencia del fiscal general el mismo gobierno que primero se creyó con derecho a afirmar su dependencia —Sánchez estaba seguro de que estaba a sus órdenes, de quién depende, hubo que aclararle las ideas—; el mismo gobierno que anunció como nueva fiscal general a Dolores Delgado cuando aún ejercía de ministra de Justicia; el mismo gobierno que se apropia del fiscal general en sus declaraciones públicas y el mismo que justifica que García Ortiz no dimita, pese a estar investigado en el Supremo, con el argumento alucinógeno de que cuenta con el apoyo del gobierno. Como si contar con el apoyo del gobierno fuera la clave para dimitir o no dimitir. Es decir, como si fuera suyo, el ministro número 23. Bueno, 24, porque la 23 es Beatriz Corredor, de Red Eléctrica Española.

Si el gobierno se cree de verdad su reforma para blindar de injerencias gubernativas al fiscal general del Estado, ya puede, sin esperar a que las Cortes aprueben nada, predicar humildemente con el ejemplo.