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María Jesús Plaza, diseñadora de 60 años, llegó a última hora del domingo de su fin de semana fuera, y cuando abrió su portal -no había luz en el zaguán de entrada y tuvo que alumbrarse con la linterna del móvil- se quedó de piedra: todas sus pertenencias habían sido arrojadas por el hueco de la escalera de su casa en una finca antigua del casco histórico de Valencia. Su familia vive alquilada en este inmueble de 1850 desde hace más de 100 años pero los antiguos propietarios lo vendieron a un fondo de inversión en 2020 y entonces comenzó su pesadilla. La mercantil, dueña de este edificio situado en la calle Sogueros de la capital, quería reformar los pisos e instó a los inquilinos a irse, explica la modista. La mayoría ha aceptado las indemnizaciones que les ofrecía el fondo y han ido abandonando sus casas poco a poco, así que Susa es la única que resiste sola desde hace dos años. Esta vecina denuncia presiones de personas que dicen representar al fondo para que abandone la casa pero “tengo contrato y no quiero marcharme”, apunta. El último disgusto ha sido el asalto a su piso, que ha denunciado a la policía. “No han entrado a robar sino a destrozar”, denunció con los nervios rotos mientras el pasado lunes esperaba a los agentes.

Plaza es una modista y diseñadora que ha vivido y trabajado siempre en la casa donde nacieron ella y sus hermanas, en pleno barrio del Carmen de Valencia. Y antes que ellas su madre y sus tías. El multipropietario que les alquilaba la casa durante décadas vendió en 2020 el inmueble a una mercantil y les aseguro que les mantendrían las condiciones de sus contratos. Pero en mayo de 2021, María Jesús y sus vecinos recibieron la primera carta de los nuevos propietarios de la finca, un fondo de inversión francés, informándoles de que iban a iniciar obras de rehabilitación y tenían que desalojar el edificio. Lleva desde entonces denunciando presiones. “Vinieron y nos dijeron que teníamos que dejar nuestra casa en 10 días″, explicaba Susa cuatro años atrás, cuando el caso saltó a los medios de comunicación. Les dijeron que si no se marchaban, “procederían a llamar a los bomberos para que sean ellos los que nos desalojen, dice la carta, sin certificado y sin nada”, explicaba en 2021.

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