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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros —entre ellos la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun— han acusado este lunes a un sector de la judicatura de vulnerar la separación de poderes y de interferir en la vida pública tras la condena al fiscal general del Estado. Estas declaraciones han ido acompañadas de un llamamiento a la ciudadanía para movilizarse en defensa de las instituciones democráticas.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado que la reciente condena al fiscal general marca, en su opinión, un punto de inflexión. Según Díaz, “ha llegado el momento de dar un paso adelante y defender la democracia”, insistiendo en que es necesario reforzar la confianza en el Estado de derecho.

Díaz ha afirmado que existe “una parte de la judicatura que se siente impune” y que, a su juicio, ha sobrepasado los límites constitucionales, afectando directamente a la separación de poderes. Estas declaraciones se han producido después de la renuncia de Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de secretos. El Gobierno sostiene que esta situación pone de manifiesto la urgencia de proteger la independencia institucional y reforzar la calidad democrática del país.

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