"El despliegue para atacar a los jueces del caso del fiscal general supera todos los límites"

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Rafa Latorre reflexiona en su monólogo sobre las nuevas informaciones respecto al caso Koldo y la posición del Gobierno frente a los jueces del caso del fiscal general del Estado, entre otros.

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Hoy 'El Confidencial' da algunos detalles acerca del último refugio de José Luis Ábalos. La vivienda de Valencia en la que ha entrado la Guardia Civil es el inmueble de toda la vida del exministro, salvado de sus divorcios y en el que guarda los recuerdos de sus viajes a Latinoamérica y un arsenal de libros. Y es el lugar donde dormía en Valencia aquel Sánchez que cogió el Peugeot para hacer campaña en las primarias contra Susana Díaz. Esto sería una anécdota, si no fuera porque esta investigación se dirige al corazón del PSOE del Peugeot. Al núcleo más cercano e íntimo de Pedro Sánchez.

Los agentes volcaron los dispositivos electrónicos y buscaron dinero en efectivo en casa de Ábalos en diez horas de registro. Lo que preocupa no es Ábalos, que ya está formalmente imputado, y del que además es improbable que después de dieciséis meses de la detención de Koldo pudiera guardar algo incriminatorio en su domicilio. Lo que preocupa hoy al PSOE no es José Luis Ábalos. La diligencia de entrada y registro en la vivienda del diputado ha sido acordada por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

¿En Navarra? ¿De obra civil? Sí. Esto va del cobro de comisiones por adjudicación de obra pública y se teme que el juez haya dirigido su mirada a lo que se ha dado llamar el cupo vasco. Es decir… se puede concluir que esto forma parte de la investigación en la que figura el famoso informe de la UCO que tanto preocupa a Santos Cerdán y al PSOE. Al fin y al cabo se trata de dos secretarios de Organización sucesivos del PSOE y la investigación ya no apunta únicamente a un enriquecimiento personal sino al amaño de concursos.

Puede que el último refugio valenciano de Ábalos ya no guarde ni el colchón donde dormía Sánchez. Pero lo sustancial es lo que se encontraría en las empresas navarras.

En España han tenido problemas con la Justicia muchos gobiernos. Ninguno había llegado al extremo de este, capaz de cuestionar el mismo Estado de derecho como estrategia de defensa. De Leopoldo Puente se dirá, si algún día firma el auto de procesamiento de Ábalos, que le mueve una animadversión al Gobierno progresista o que forma parte de un contubernio de togados para derribar… ¿Derribar?… ¿Qué?… Si este gobierno no puede sacar adelante ni unos Presupuestos.

Despliegue contra jueces
El despliegue que el Gobierno ha hecho para atacar a los jueces en el caso del Fiscal General del Estado supera todos los límites hasta el momento. El problema no es ya ese, sino la certeza de que dentro de dos meses, no más, lo veremos como algo hasta suave, porque seguimos moviendo el umbral de lo admisible hasta alcanzar extremos inconcebibles.

No hay duda de que todo esto sería mucho más sencillo si fuera el Consejo de Ministros quien resolviera directamente los casos judiciales. Ya ven el caso del Fiscal General del Estado, procesado por haber, presuntamente, utilizado documentación confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso en una operación política. Alegría ya ha instruido el caso. ¿Qué digo instruido? Ha practicado la prueba y ha dictado sentencia. ¿Ven qué fácil es? Caso resuelto.

Lo que dice Pilar Alegría es algo peor que una osadía. El auto de procesamiento delimita perfectamente los indicios racionales de criminalidad en este caso y será un juicio justo, si se abre finalmente la vista, el que determinará la participación de García Ortiz en un delito.

Una separación de poderes

Estas horas recientes hemos asistido a declaraciones que van mucho más allá de la discrepancia con una decisión judicial porque lo que pretenden es hacer creer que los jueces, todos los que toman una decisión con la que el Gobierno no está de acuerdo, actúan como oposición, es decir con un interés político, es decir con un ánimo golpista.

Claro que esta legislatura ya nació con un acto supremo de corrupción política, como fue el canje de impunidad por apoyo parlamentario. Esa impugnación de la Justicia, el borrado de una sentencia por un interés espurio, sólo podía terminar así.

Los servicios jurídicos comunitarios ven elementos "contrarios al derecho" y aconsejan al Tribunal de Luxemburgo que responda de manera desfavorable al Gobierno en varias de las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas.

Esto continúa, pero ha metido el miedo en el cuerpo al Gobierno. No vaya a ser que Cándido Conde Pumpido no sea suficiente para legalizar su autoamnistía.