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España afronta un proceso de envejecimiento especialmente rápido, impulsado por dos tendencias simultáneas: una de las esperanzas de vida más altas del mundo y una acusada caída de la natalidad. Esta combinación está acelerando el aumento del peso de la población mayor a un ritmo muy superior al registrado en la mayoría de los países de la OCDE y de la Unión Europea. Según el informe, esta transformación demográfica reducirá la disponibilidad de mano de obra, limitará el crecimiento potencial del PIB y aumentará de forma notable la demanda de servicios públicos, ejerciendo una presión creciente sobre las cuentas públicas, especialmente en lo relativo al sistema de pensiones y al gasto sanitario, algo especialmente preocupante hoy.
La semana pasada fue la Comisión Europea la que lanzó una seria advertencia a los jóvenes al señalar que, en el futuro, las pensiones públicas podrían resultar claramente insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado. Este miércoles, el mensaje se ha reforzado con un nuevo toque de atención procedente de la OCDE, que en su informe más reciente sobre España insta a introducir ajustes en las prestaciones si se quiere asegurar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. El organismo reconoce avances en reformas anteriores, pero considera que serán insuficientes ante la magnitud del reto demográfico.
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